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He intentado un acuerdo extrajudicial de pagos pero ha fracasado: el concurso consecutivo

¿Qué ocurre cuando el intento por alcanzar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos, resulta fallido? En esta publicación, hablaremos del segundo estadio de la Ley de Segunda Oportunidad: el concurso consecutivo y lo que se conoce como el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Si el deudor llega a este estadio, es porque no ha logrado alcanzar ningún acuerdo extrajudicial de pagos. Y es que el Acuerdo Extrajudicial de Pagos – el primer estadio de la Ley de Segunda Oportunidad – puede haber fracasado por cuatro motivos:

  • Haber agotado el plazo para llegar a un acuerdo con los acreedores.
  • Desaprobación por parte de los acreedores del acuerdo presentado por el deudor.
  • Que el acuerdo haya sido impugnado y una vez tramitada la impugnación-mediante el cauce incidental-se dicte sentencia anulando el acuerdo.
  • Por el propio incumplimiento del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Pues bien, sea cual sea el origen del fracaso del acuerdo presentado ante los acreedores, se activa el segundo estadio de la Ley de Segunda Oportunidad: la declaración del concurso, que tendrá la consideración de consecutivo, con la particularidad de que de oficio se abre la fase de liquidación, sin que el deudor tenga posibilidad de presentar un convenio en los plazos previstos por la ley durante la fase común como sí podría hacerlo si se tratase de un procedimiento concursal que no proviniese de un Acuerdo Extrajudicial de Pagos fallido.

Así, el legislador entiende que el deudor ya tuvo la oportunidad de un arreglo amistoso durante la fase extrajudicial que prevé la Ley de Segunda Oportunidad y que una segunda oportunidad de acuerdo, esta vez en sede judicial, sería redundar en lo ya acontecido. A mi juicio, el deudor debería tener una nueva oportunidad por un sencillo motivo: la posibilidad de llegar a un convenio dentro del marco concursal es mayor que la de alcanzarlo en la fase extrajudicial. Las mayorías necesarias para la aprobación de un convenio concursal son mucho más asequibles para el deudor- mientras que en el acuerdo extrajudicial se requiere que al menos un 75% de los acreedores comunes vote un acuerdo si pretendemos quitas superiores al 25%, en el convenio concursal, bastaría con los votos de al menos un 50% del pasivo ordinario-. Otro motivo por el que creo que debería existir esta segunda posibilidad de concierto, es porque los acreedores, esencialmente los financieros, aún no han establecido las directrices de actuación dentro de la fase extrajudicial prevista en la Ley de Segunda Oportunidad, siendo la pasividad su actitud en la mayoría de acuerdos presentados por el deudor.

¿Qué ocurre una vez declarado el concurso consecutivo?

Una vez el mediador concursal solicita el concurso mediante demanda judicial, el juez competente abrirá la fase de liquidación mediante auto, y en el mismo auto declarando el concurso suspenderá las facultades patrimoniales de disposición y administración del concursado consumidor. En otras palabras, el administrador concursal toma las riendas de la vida patrimonial del consumidor (decisión de pagar, contraer y resolver obligaciones, etc.).

Empieza aquí la liquidación de todo el patrimonio del deudor. El Administrador Concursal, ya en la propia solicitud de concurso por norma general, presenta un plan de liquidación en el que dispone qué bienes tiene el deudor y de qué forma prevé liquidarlos con la finalidad de satisfacer los intereses de los acreedores con el resultado obtenido. Una vez liquidados todos los bienes del deudor se pueden dar dos situaciones:

  • Que el resultado de la liquidación cubra el total de las deudas (siendo ésta, la menos probable).
  • Que el resultado de la liquidación no cubra la totalidad de las deudas.

Un ejemplo de la primera situación podría darse si el deudor tuviese el patrimonio suficiente como para pagar todas sus deudas en un escenario de liquidez, pero que necesitase más tiempo para liquidar sus bienes en épocas de crisis como la actual. En ese caso el concurso ayudaría al deudor a liquidar su patrimonio de forma ordenada, impidiendo así que los acreedores iniciaran ejecuciones singulares, que en la mayoría de ocasiones traen pareja una liquidación ruinosa de su patrimonio.

Pero, insisto, no creo que vayamos a ver muchos concursos circunscritos en la Ley de Segunda Oportunidad en los que se dé este supuesto. Lo habitual es que el resultado de las operaciones de liquidación sea inferior a la deuda total declarada, habida cuenta de que muchos de los concursos con los que nos encontramos tienen su origen en el resultado de ejecuciones hipotecarias de bienes inmuebles en las que el banco hipotecante se adjudica el bien por porcentajes muy inferiores al valor de tasación- 50% si no es vivienda habitual y 70% si lo es- y que con la adjudicación del bien, el deudor seguirá debiendo la diferencia entre el precio de adjudicación y la deuda total más intereses moratorios y costas. En ocasiones, la deuda tras la adjudicación llega a superar la deuda del principal.

También son frecuentes los casos de insolvencia por asunción de créditos de fácil acceso y dudosa moral que trasladan el riesgo al tipo de interés sin que el deudor tenga que demostrar la solvencia que le exigiría la banca tradicional. En todos estos casos, es muy probable que no existan activos que doten siquiera de cierta solvencia al deudor, por lo que nos encontraremos con un gran número de concursos declarados sin bienes que liquidar. Veamos cómo prevé la Ley de Segunda Oportunidad este último escenario.

El concurso consecutivos sin bienes que liquidar.

La Ley Concursal prevé los supuestos en los que declarado el concurso, el deudor no tenga bienes a liquidar o los pocos que tenga no cubran siquiera los créditos contra la masa que el propio procedimiento pueda generar -por lo general son aquellos créditos que nacen desde la declaración del concurso-. En estos supuesto, no tiene sentido que se inicie o se siga un procedimiento judicial complejo y con un alto costo para la Administración de Justicia, por lo que el juez del concurso podrá acordar la conclusión del mismo en el propio auto de declaración de concurso o en cualquier momento en el que el Administrador Concursal aprecie la inexistencia de bienes y así lo comunique al juzgado. Pero, para ello, la Ley de Segunda Oportunidad exige que el concurso no pueda ser calificado como culpable – un requisito imprescindible para que el deudor pueda lograr la exoneración de las deudas pendientes -. Para ello el Administrador Concursal emitirá un informe razonando que el concurso no será calificado de culpable.

Es muy importante que todos aquellos profesionales que acompañamos al deudor durante este particular camino hacia una nueva vida económica y social, tratemos de dar impulso al procedimiento con una buena estrategia inicial que contemple el desarrollo de los tres estadios, facilitando el trabajo del notario o registrador mercantil, mediador concursal, administrador concursal y juez competente. La responsabilidad como despacho de abogados y economistas expertos en insolvencias va mucho más allá de la mera presentación de un formulario solicitando el inicio del Acuerdo Extrajudicial de Pagos. Tenemos la obligación de darle al deudor la mejor solución a su problema de insolvencia. Es un grave error tratar a todos los deudores por igual: un deudor una estrategia para superar su insolvencia.

El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho: el perdón de la deuda.

Una vez liquidado todo el patrimonio del deudor – veremos el tratamiento de la vivienda habitual desde la perspectiva concursal en próximas publicaciones – o habiendo concluido el concurso por insuficiencia de bienes, el deudor puede solicitar que se le exoneren las deudas que no quedaron satisfechas tras la liquidación de sus bienes. Es el momento más importante para el deudor ya que es ahí donde empieza la verdadera segunda oportunidad para él. No obstante, tenemos que ser muy conscientes de que estamos ante una regla especial a la regla general.

El mecanismo del perdón de la deuda no puede constituir una herramienta que cercene el derecho del acreedor sin más. La base de la aplicación de esta excepción al principio de responsabilidad patrimonial universal debe basarse en un juicio de valor donde el deudor insolvente quede relegado a una situación de insolvencia insuperable. Situación que no sólo va a perjudicar al propio deudor insolvente, sino que afecta al conjunto del desarrollo económico del país, al perder este definitivamente a una persona activa y capaz de generar riqueza. El mayor reto que plantea la Ley de Segunda Oportunidad al abogado especialista en derecho concursal no es otro que el de saber quién merece el perdón de la deuda y quién no. A mi juicio la ley no lo tiene bien resuelto. Esta nos habla del “deudor de buena fe” como único beneficiario del perdón de la deuda, pero ¿quién es deudor de buena fe?; todos excepto aquellos que no cumplan con una serie de supuestos tasados en la propia ley. Unos requisitos que no son capaces de delimitar la delgada línea que puede separar a aquel deudor merecedor de la segunda oportunidad de aquel que no la merece- en próximas publicaciones hablaremos de este controvertido concepto-.
Así pues, una vez liquidado todo el patrimonio del deudor, analizada su conducta siendo reputado como deudor de buena fe, el deudor puede solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El juez podrá concederlo de forma provisional.

Te animo a consultar el artículo sobre el primer estadio de la Ley de Segunda Oportunidad: El Acuerdo Extrajudicial de Pagos: la prioridad de la Ley de Segunda Oportunidad.