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El acuerdo extrajudicial de pagos: la prioridad de la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad tiene tres estadios claramente diferenciados, los cuales se irán sucediendo, en la medida en la que el deudor vaya fracasando en la inmediata anterior. Y son:

  • El acuerdo extrajudicial de pagos
  • El concurso consecutivo en el caso de no haber alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos
  • El sometimiento a un plan de pagos para las deudas no exonerables dentro del concurso consecutivo (créditos con administraciones públicas,  pensiones de alimentos, y los créditos devengados con posterioridad a la declaración de concurso consecutivo, a los que la ley denomina créditos contra la masa.

En esta publicación hablaré de este primer estadio y de nuestra experiencia concreta como despacho profesional. Sin duda, la teoría de alcanzar un acuerdo con algunos acreedores, para la reestructuración de deudas, se antoja ideal. Desde luego, la mejor solución que ofrece hoy en día la Ley de Segunda Oportunidad, evitando saltar al siguiente estadio. Este sí, más complejo, más costoso y que genera una mayor ansiedad e incertidumbre en el deudor (a pesar de que parece que el estigma  del concurso de persona jurídica se ha superado en gran medida, el que se produce en el concurso de acreedores en una persona física, sigue muy presente en nuestra sociedad).

Pero atención, este primer estadio es necesario para poder activar, en caso de que no hayamos alcanzado un acuerdo extrajudicial con nuestros acreedores, el mecanismo de exoneración contemplado en la Ley Concursal (artículo 178 bis y 176 bis de la Ley concursal, de los que se hablará en la siguiente publicación) una vez declarado el concurso consecutivo. Por eso, veamos cómo se activa el proceso del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, quién interviene en él,  qué efectos se despliegan para el deudor,  y qué debe contener la propuesta de acuerdo.

¿Quién interviene en el Acuerdo Extrajudicial de Pagos cuando el deudor es persona física no empresaria?¿Y cuando el deudor es persona física empresaria?

El primer interviniente es el propio deudor. No olvidemos que estamos ante un procedimiento facultativo, por lo que es el propio deudor quien debe iniciar el procedimiento de arreglo amistoso con los acreedores en base a un plan de pagos  que deberá ser aprobado por estos, con las mayorías necesaria que prevé la norma.  

El segundo interviniente es el Notario, una figura necesaria para iniciar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos . El deudor deberá presentar ante el Notario que por domicilio del deudor le corresponda y mediante un formulario normalizado por orden del Ministerio de Justicia, la solicitud de nombramiento de Mediador Concursal . Una vez el Notario analiza la documentación necesaria y la considera suficiente, éste, si no decide asumir las funciones de mediador concursal (la ley  lo faculta de forma expresa) , deberá designar en el plazo de cinco días a un  mediador concursal.

Será el Notario quien comunique de oficio al juzgado competente para la declaración de concurso consecutivo el inicio de las negociaciones con los acreedores (en el caso de persona física no empresaria, los juzgados competentes son los de Primera Instancia). A partir de la aceptación del cargo por parte del mediador concursal, se da un plazo de 15 días para que el mediador revise toda la documentación aportada y realice la convocatoria de los acreedores.

En el caso de personas físicas empresarias la solicitud del deudor debe ir dirigida al Registro Mercantil de la provincia domicilio del deudor. Ahora bien, una persona que fue empresario (no lo es hoy)  y sus deudas tienen su origen en aquel momento, ¿tiene la condición de empresario? ¿o al no serlo en el momento de la solicitud , tiene la condición de no empresario?.

El sentido común dice que el origen de la deuda es quien debe determinar la condición de deudor. Ahora bien, en la práctica nos encontramos ante la imposibilidad de que un deudor pueda dirigirse al Registro Mercantil si no está inscrito en él, por lo que a priori, aún pudiendo constatarse que la deuda tenga origen empresarial, la práctica imposibilita el considerar al deudor como empresario.

Valoración de los acuerdos extrajudiciales de pagos seguidos desde Think it Legal.

Si hacemos una valoración conjunta, daremos un aprobado raspado, porque este primer estadio del procedimiento presenta muchas flaquezas. Para un deudor persona física no empresario, tanto la solicitud (a pesar de que exista un modelo normalizado). Como la propuesta de pago dirigida a los acreedores resulta, en la mayoría de las ocasiones, una tarea demasiada farragosa y técnica para un consumidor lego en la materia, que a la postre exige de un rigor en la elaboración y solicitud que sólo debería exigirse a un profesional.

Pensemos que la omisión de cualquier dato preceptivo en la solicitud de mediación concursal, puede ser causa de inadmisión del inicio del AEP, a pesar de que la ley confiere un plazo de subsanación al deudor. Pero el verdadero problema puede llegar no en la fase inicial sino, siempre que haya fracasado el acuerdo amistoso, en la fase judicial una vez declarado el concurso consecutivo: ¿qué ocurre si el deudor ha omitido de forma involuntaria información relevante en la solicitud?

Pues bien, nos podemos encontrar con una revocación de la exoneración del pasivo insatisfecho (perdón de la deuda pendiente tras la liquidación del patrimonio del deudor) por la vía de la calificación culpable del concurso (hablaremos de ello en las siguientes publicaciones).

Otra de las dificultades que presenta este primer estadio es el contenido de la propuesta de pagos. ¿Incentiva la Ley de Segunda oportunidad los Acuerdos Extrajudiciales de Pago? La respuesta es no. A pesar de que las quitas y esperas puedan resultar interesantes, no lo son las mayorías necesarias requeridas por la ley para la aprobación del acuerdo. Más amplias que las mayorías contempladas en la solución del clásico convenio en un concurso de acreedores.

Pero, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pueden ofrecer la mayoría de deudores para alcanzar un acuerdo satisfactorio con sus acreedores? ¿cómo reaccionan los acreedores a las propuestas de pagos? Las respuesta son: nada o casi nada y poca o ninguna voluntad de llegar a un acuerdo extrajudicial. La primera respuesta es más obvia; la mayoría de los deudores consumidores no puede ofrecer nada porque no tiene nada. Pero la ley, para poder pasar al estadio en el que el deudor solicita el perdón de la deuda, obliga a éste a que haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, por lo que la primera pregunta que nos hacemos es qué entiende el legislador por haber intentado el AEP, ¿qué pasa si el deudor no puede ofrecer nada?

Imaginemos a un jubilado con una pensión de 1000 euros que ha perdido su vivienda habitual mediante un procedimiento de ejecución hipotecaria y, aún así, sigue teniendo una deuda con la entidad ejecutante por el diferencial entre la deuda total y el precio de adjudicación más intereses y  costas. Imaginemos otros supuestos: una familia sobre endeudada en la que ningún integrante trabaja, ¿qué puede ofrecer esta familia a los acreedores si a duras penas pueden cubrir sus necesidades más básicas?

En mi opinión, muchos de los supuestos con los que los profesionales nos encontramos carecen de una solución dentro del marco extrajudicial, convirtiéndose esta primera fase en un trámite que cumplir, obligando al deudor, o bien a presentar una propuesta que jamás podrá llegar a cumplir, o simplemente a proponer quitas muy cercanas a la totalidad de la deuda. Que, por supuesto, ningún acreedor aprobará y que siempre podrán someterse a la interpretación de lo que en la mente tenía el legislador  cuando habla de “haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos”.

En la práctica, y para los casos en los que el deudor verdaderamente no tiene nada que ofrecer,  se están proponiendo quitas cercanas al 100 por cien.  Siendo prácticos, y aplicando el sentido común, la ley debería contemplar ciertos supuestos,  como los aquí expuestos, en los que no fuera necesario que el deudor pasara por la fase de acuerdo extrajudicial para gozar del beneficio de exoneración dentro del concurso consecutivo. No obstante, en la medida en la que el deudor pueda hacer frente a su deuda mediante la novación de la misma, ya sea con quitas, esperas, o ambas, debe presentar un plan de pagos que  suponga un importante sacrificio patrimonial y compensar así el sacrificio al que la ley somete al acreedor.

A modo de ejemplo, un funcionario público acudió al despacho porque se endeudó en exceso para iniciar un negocio mercantil fuera del ámbito de la administración pública y fracasó. Con un salario de 40 mil euros anuales brutos, debía 80 mil euros a 7 acreedores financieros distintos, con diferentes cuotas de préstamo que en total superan el sueldo mensual del funcionario. La cuestión es, ¿qué puede entenderse en este supuesto por haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos?

En mi opinión, el deudor, habiendo hecho un estudio previo y racional de solvencia  atendiendo a su nivel de ingresos, debiera plantear un plan de pagos que no contemplase quitas, y  dónde la solución pasara por la reagrupación de deudas mediante la novación del tiempo de amortización de las mismas, ajustadas a la nueva realidad. Otra cosa distinta es que finalmente, y aún siendo una propuesta que realmente se ajuste a las posibilidades del deudor y que efectivamente ofrece un importante sacrificio patrimonial, el acuerdo fracase. Pero, en tal caso, nadie podrá decir que el deudor no intentó verdaderamente alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

En cuanto a la voluntad de los acreedores por llegar a un acuerdo, si los acreedores son financieros (bancos o cajas), el acuerdo no suele llegar por varios motivos como los son, el afianzamiento de la deuda por terceros y la lenta burocracia interna de las entidades financieras que las convierten en ineficaces ante soluciones poco habituales. Otro de los puntos débiles que presenta  este primer estadio, es la exclusión de los créditos con garantía real y los créditos públicos en el AEP.

Por lo que si nuestra deuda es hipotecaria, a no ser que la entidad financiera sometiera su crédito voluntariamente al plan de pagos propuesto por el deudor – cosa improbable por no decir imposible – quedará al margen de cualquier solución con los acreedores comunes.

Aunque sí se abre un periodo ideal para proponer reestructuraciones de deuda hipotecaria, (pensemos en las soluciones de reestructuración que abre el Código de Buenas Prácticas para algunas personas) liberaciones parciales de deuda, cesión de bienes, e incluso daciones en pago. Otro tanto pasa con los créditos con la Administración Pública, donde el legislador tiene una especial tendencia a su  sobreprotección.

En resumen, la fase inicial que prevé la Ley de Segunda Oportunidad, a pesar de que sin duda llevará a acuerdos que den solución a la situación de insolvencia de algunos deudores, se está viviendo en la práctica como un trámite estéril pero necesario hacia el perdón de la deuda ya en la fase concursal.

1 comentario

  1. He intentado un acuerdo extrajudicial de pagos pero ha fracasado: el concurso consecutivo. | Think it Legal
    6 agosto, 2016

    […] Te animo a consultar el artículo sobre el primer estadio de la Ley de Segunda Oportunidad: El Acuerdo Extrajudicial de Pagos: la prioridad de la Ley de Segunda Oportunidad. […]