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Ley de Segunda Oportunidad y la inseguridad jurídica

En un solo artículo y con serias deficiencias en su redacción, el precepto desarrollado para la obtención del perdón de la deuda de las personas naturales está siendo objeto de cuestiones tan controvertidas que, después de más de año y medio de entrada en vigor, genera una inseguridad jurídica que obliga a ser muy cauteloso con su aplicación a la espera de los cimientos doctrinales y jurisprudenciales.

Quizás el concepto que suscita mayor controversia es qué entiende el legislador por haber intentado un acuerdo extrajudicial (recordemos que el haber intentado un AEP constituye una condición sine qua non para acceder al perdón de la deuda).
Las renuncias consecutivas de los mediadores concursales, provocadas por la escasa recompensa económica en el desempeño de su profesión, pueden hacer y de hecho así sucede en la práctica, que el deudor no haya podido acudir a un AEP, entonces,

¿Se puede entender que el deudor lo ha intentado? ¿Cuántas renuncias serán necesarias para considerar tal hecho?

¿Qué pasa en aquellos supuestos donde prácticamente la totalidad de la deuda tiene su génesis en un procedimiento hipotecario donde, una vez ejecutada la garantía, el acreedor hipotecario persigue la deuda insatisfecha en la ejecución?

 

Pongamos un ejemplo reciente que llevamos desde el despacho. Una mujer de 40 años, maestra, separada, con la custodia de una niña de 6 años, y con una nómina neta de 1.600 euros, sufre un embargo de 300 euros dimanante de un procedimiento de ejecución hipotecaria. El acreedor financiero se adjudicó el bien por el 70% de su valor. El valor de la garantía no cubierto por el bien, junto con las costas e intereses de mora, ascienden a 300 mil euros. ¿Qué tipo de acuerdo puede proponer la deudora para que se entienda como suficiente en el cumplimiento del requisito “de haberlo intentado”? Algún juez mercantil postula que si no existe la posibilidad de llegar a ningún acuerdo porque el deudor no tiene recursos suficientes, este no tiene el derecho al beneficio de exoneración en sede concursal. Si se asentara este criterio, prácticamente ningún deudor con deudas derivadas de procedimientos hipotecarios podría acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Tal interpretación nos lleva a presumir que sólo podrán beneficiarse del perdón de la deuda aquellos deudores que tengan recursos “suficientes” como garantizar un acuerdo extrajudicial “razonable”. Mientras los jueces mercantiles de Barcelona entienden que se “ha intentado” celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos cuando este se ha elevado y no haya sido aceptada, el mercantil de Logroño denegó el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho a un deudor que propuso directamente el perdón de la deuda.

La vivienda habitual del deudor también es otro elemento no menos controvertido. El legislador en ningún momento trata de proteger la vivienda habitual del deudor, pero ya existen criterios en los que se excusa de la liquidación del patrimonio del deudor aquello bienes cuyo valor de la garantía sea superior al valor de mercado del bien–criterio adoptado por los jueces mercantiles de Barcelona y el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona en el marco de los acuerdos de 15 de junio de 2016 para la unificación de criterios interpretativos relacionados con la aplicación del art 178 bis Ley Concursal–. Una interpretación que rompe con la literalidad de la ley y que resulta antieconómica habida cuenta de que el deudor seguirá pagando por una vivienda un precio superior al del valor de mercado, con el riesgo que supone que el deudor no recupere su viabilidad económica y, una vez concluso el concurso, genere nuevos créditos que le conducirán a una nueva insolvencia, con la diferencia de que esta vez no podrá beneficiarse del perdón de la deuda hasta transcurridos diez años.

El hecho de otorgar la competencia a los jueces de Primera Instancia sobre los procedimientos concursales de personas físicas no empresarios, es sin duda otro hándicap en el necesario proceso de unificación de criterios.
Probablemente el legislador fue mucho más optimista imaginando una norma eficaz, esperando así una avalancha de procedimientos concursales, pero la realidad dista mucho de lo esperado. Durante los dos últimos trimestres del presente años se han tramitado apenas 300 procedimientos en nuestros juzgados.

El esfuerzo intelectual que el legislador exige a los jueces de Primera Instancia –legos en materia concursal–es desproporcionado al número de procedimientos que tendrán que tramitar si la ley no sufre las modificaciones necesarias para convertirla en una norma eficaz.
Barcelona cuenta, prácticamente desde el inicio de la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad, con el Juzgado de Primera Instancia número 50 con competencia para toda la ciudad. El camino tiene que ser precisamente ese: el de la especialización de Juzgados de Primera Instancia en materia de Segunda Oportunidad.