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La Ley de Segunda Oportunidad en la Ley Concursal

Todos los que de un modo u otro estamos familiarizados con la Ley Concursal coincidimos en que estamos ante una norma compleja que por su naturaleza atractiva extiende su competencia a otras ramas del derecho.

A pesar de que la Ley Concursal contemplaba, ya antes de la entrada en vigor del RD 1/2015, el tratamiento de la insolvencia de las personas físicas, esta ley nació para dar soluciones a sociedades mercantiles que atravesaban momentos complicados de solvencia, pero jamás previó soluciones reales para las familias españolas.

Por lo tanto, el primer error legislativo ha sido el de subsumir la Ley de Segunda Oportunidad en una norma que fue creada para dar soluciones a empresas. Y todo ello con la incorporación a la Ley Concursal de un artículo, el 178 bis, clave para la obtención de lo que se conoce como beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (el perdón de la deuda); precepto que rompe con el principio general de responsabilidad universal que reza el artículo 1911 del código civil y que hasta la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad constituía la mayor garantía de cobro para el acreedor –el deudor responde de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros–.

La improvisación y la errónea ubicación de la ley que parece metida con calzador en una norma de naturaleza mercantil genera una gran inseguridad jurídica que perjudica tanto a los intereses del deudor como los del acreedor.

El privilegio de los créditos públicos en la Ley de Segunda Oportunidad

 El legislador se empeña en proteger a ultranza el crédito de naturaleza público también en la Ley de Segunda Oportunidad. Y desde luego que es legítimo pero, desde una perspectiva económica, ineficaz. Y lo es por una razón de coste de oportunidad: nuestro tejido empresarial está compuesto por pymes, micropimes y trabajadores que desarrollan su actividad por cuenta propia. Estos últimos suponen en la actualidad más del 20 % del total de afiliados a la seguridad social. ¿Tiene sentido entonces que las deudas de naturaleza pública desaparezcan tras la liquidación concursal de las sociedades mercantiles y no sea así para los profesionales y los autónomos? ¿qué ventaja supone para nuestra economía el no perdonar las deudas de naturaleza pública a los insolventes personas físicas?

En un escenario de concurso consecutivo, el deudor deberá abonar la totalidad del crédito público para obtener el perdón del resto de la deuda o bien someterse a un plan de pagos de una duración no superior a cinco años. Ese esfuerzo añadido que se le pide al empresario autónomo desincentiva su incorporación en el circuito económico, más aún si tenemos en cuenta que el “periodo de buena conducta” del que nos habla la ley es de cinco años (periodo en el que los acreedores podrán solicitar la revocación del perdón si el deudor hubiera ocultado algún bien de la liquidación o si durante ese periodo hubiera logrado reunir dinero suficiente como para satisfacer la totalidad de las deudas inicialmente perdonadas). Así pues, el deudor puede verse tentado a declarar los ingresos mínimos inembargables, dejando el resto de ingresos en el circuito de la economía sumergida.

De todos modos, si al finalizar el periodo de buena conducta, el deudor ha cumplido con los umbrales de pago previstos por la ley (destinar al pago de estas deudas por lo menos el cincuenta por ciento de los ingresos embargables o el veinticinco en casos de deudores en situación de exclusión social) obtendrá el perdón de la deuda, dándose la paradoja de que todos los créditos acabarán siendo perdonables después de cinco años;  periodo en el que el deudor  desarrollará su actividad económica en la esfera de la economía sumergida.

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