Blog de Think it Legal

El plan de pagos y el perdón definitivo de las deudas

En la primera publicación de fecha 13 de julio, dijimos que la Ley de Segunda Oportunidad comprendía tres estadios:

  • El Acuerdo Extrajudicial de Pagos.
  • El concurso consecutivo y la exoneración provisional del pasivo insatisfecho.
  • El plan de pagos para las deudas no exonerables y el beneficio de exoneración definitivo. En esta publicación abordaremos este último estadio.

Una vez llegada a la tercera fase de la Ley de Segunda oportunidad, se entienden tres cosas fundamentales:

  1. Que se ha fracasado en el intento extrajudicial de pagos o aun habiendo llegado a un acuerdo, que este se incumpla en algún momento -veremos en la próxima publicación que la ley prevé un camino hacia el perdón de la deuda sin haber intentado un AEP.
  2. Que el concurso de acreedores haya concluido (auto de conclusión de concurso).
  3. Que el juez del concurso haya concedido la exoneración provisional de la deuda.

Una vez el juez del concurso concede la exoneración provisional de la deuda cuando se abre un periodo de cinco años de vigilancia de la conducta del deudor, periodo en el que los acreedores podrán solicitar la revocación del perdón de la deuda si se dieran una serie de circunstancias definidas en la propia ley, como por ejemplo el incumplimiento en todo caso del plan de pagos propuesto para las deudas no exonerables -créditos públicos, créditos contra masa, y alimentos- o que mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que con esa mejora pudiese pagar la totalidad de las deudas –el legislador está pensando en un golpe de suerte como lo sería un premio en juegos de azar, donaciones, herencias, etc.

De todos modos considero que tener abierto un periodo de cinco años de vigilancia de la conducta y vida económica del deudor supone una fuerte desincentivación de la cultura del esfuerzo hacia la recuperación, especialmente para aquellas personas naturales empresarias que sí podrían entrar en el circuito económico con mayor impulso si el periodo de cinco años se redujera a tres, cosa que viene recomendando la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Personalmente reduciría aún más ese periodo e incluso lo suprimiría en supuestos concretos, especialmente en los supuestos en los que la deuda proviene del residual de una ejecución hipotecaria donde el acreedor financiero se adjudica el bien del deudor y este último sigue debiendo la diferencia entre el precio de adjudicación y el valor de la deuda hipotecaria más intereses moratorios y costas.

A lo largo de estos años, veremos cómo evoluciona la Ley de Segunda Oportunidad pero desde luego debería contemplar supuestos de exoneración definitiva sin que el deudor tenga que pasar por este último estadio.Por último, ojo avizor con aquellos deudores que, de forma intencionada o no, han ocultado algún bien durante el estadio del concurso consecutivo o durante el periodo de vigilancia una vez concluido el concurso, porque cualquier acreedor que se cerciore de ese hecho podrá alegar el motivo para revocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Por el mismo motivo citado anteriormente, todos aquellos que nos dedicamos asesorar en la tramitación del procedimiento, debemos trasladar al deudor la importancia de ser totalmente transparentes a la hora de confeccionar el avalúo de bienes y derechos– patrimonio del deudor- en la solicitud de concurso consecutivo, y por supuesto advertirles del riesgo de ocultar bienes que hayan podido sobrevenir una vez se inicie el último periodo de cinco años de vigilancia de la conducta del deudor.

¿Qué pasa si el deudor incumple con las obligaciones derivadas del plan de pagos?

Por norma general el incumplimiento del plan de pagos es una de las causas de la revocación del beneficio de exoneración de las deudas. Ahora bien, el legislador deja abierta una puerta a la exoneración, aún habiendo incumplido con las obligaciones establecidas en el plan de pagos, y es que si el deudor hubiera destinado al pago de las deudas por lo menos el cincuenta por ciento de los ingresos percibidos que no tuviesen la consideración de inembargables, o el veinticinco por ciento si el deudor reúne las condiciones establecidas en el art 3.1 del RDL 6/2012 – supuestos de deudores con riesgo de exclusión social-, el juez del concurso, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá pronunciarse sobre la concesión o no de la exoneración definitiva.

Tampoco veo del todo acertado que se impongan umbrales para la concesión de la exoneración definitiva porque lo único que provoca de nuevo es el desincentivar al deudor a esforzarse más allá de los ingresos mínimos inembargables, y si así lo harán, no digo todos, pero sí muchos deudores, buscando asilo en la economía sumergida.