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El privilegio de los créditos públicos en la Ley de Segunda Oportunidad

El legislador se empeña en proteger a ultranza el crédito de naturaleza público también en la Ley de Segunda Oportunidad. Y desde luego que es legítimo pero, desde una perspectiva económica, ineficaz. Y lo es por una razón de coste de oportunidad.

Nuestro tejido empresarial está compuesto por pymes,  micropimes y trabajadores que desarrollan su actividad por cuenta propia. Estos últimos suponen en la actualidad más del 20 % del total de afiliados a la seguridad social. Y son los únicos que soportan el peso del crédito público derivado del ejercicio de su actividad (IVA, IRPF en su mayoría) por otorgarle el legislador la naturaleza de  crédito no exonerable.

Por lo tanto, en un escenario de concurso consecutivo, el deudor deberá abonar la totalidad del crédito público para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho o bien someterse a un plan de pagos. Ese esfuerzo añadido que se le pide al empresario autónomo desincentiva su incorporación en el circuito económico, más aún si tenemos en cuenta que el “periodo de buena conducta” es de cinco años. Así pues, el empresario autónomo puede verse tentado a declarar el mínimo inembargable, dejando el resto de ingresos ocultos en la economía sumergida, y dejar de aportar al erario público ingresos por retenciones, iva y otros impuestos relacionados con su actividad. Al finalizar el periodo de buena conducta, si el empresario autónomo ha cumplido con los umbrales de pago requeridos, o simplemente no ha aflorado ingresos de naturaleza embargables, obtendrá sin lugar a dudas el beneficio de exoneración.

En conclusión, la naturaleza no exonerable del crédito público se convierte en el principal acicate para el desarrollo de la actividad económica del deudor en la esfera de la economía sumergida

 

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